Los contribuyentes gastan 1.6 millones de dólares semanales en personal suspendido de la Voz de América

Más de un año después de que la administración Trump desmantelara la Voz de América (VOA), el gobierno federal sigue pagando aproximadamente 1.6 millones de dólares semanales para mantener a unos 420 empleados en licencia administrativa remunerada. Una investigación de la Oficina del Inspector General (OIG) reveló que los desafíos legales han impedido los ahorros proyectados en nómina, elevando el gasto anualizado en personal suspendido a unos 82.8 millones de dólares a pesar de la interrupción de las operaciones.

Según los hallazgos, la Agencia de Medios Globales de EE. UU. (USAGM) no evaluó adecuadamente cómo el descarte de personal especializado y la infraestructura afectaría las capacidades técnicas. El informe de la OIG señaló que la USAGM no pudo verificar el 99% de la documentación sobre la eliminación de equipos de transmisión. Además, el informe advirtió que el cese repentino de las transmisiones digitales y de radio causó daños significativos a las prioridades de política exterior y a la credibilidad institucional.

El cierre se originó en marzo de 2025 mediante una orden ejecutiva que eliminaba operaciones no estatutarias, bajo el argumento de frenar la burocracia y el sesgo político. La directiva llevó a que 994 empleados fueran puestos en licencia y 594 contratistas fueran despedidos, marcando la primera suspensión total de la VOA desde la Segunda Guerra Mundial.

Las maniobras enfrentaron un duro revés judicial en marzo de 2026, cuando el juez Royce Lamberth declaró el desmantelamiento ilegal y ordenó la reincorporación de más de 1,000 empleados. El tribunal determinó que los funcionarios actuaron sin un plan coherente, dejando a la agencia atrapada en litigios que drenan fondos públicos mientras la programación permanece congelada.