El Departamento de Justicia de EE. UU. presenta 40 casos para revocar la ciudadanía

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha presentado 40 peticiones legales para retirar la ciudadanía a estadounidenses naturalizados debido a presuntos delitos pasados. Los fiscales federales confirmaron el lunes que los individuos enfrentan acusaciones graves, como lavado de dinero, abuso sexual infantil, evasión fiscal, fraude de visas y espionaje. Estas acciones representan el mayor volumen de casos de desnaturalización presentados en un período tan concentrado bajo el mandato del presidente Donald Trump.

Según las autoridades federales, las peticiones se presentaron entre finales de agosto y principios de octubre, afectando a personas originarias de México, Pakistán, China y Sierra Leona. Dos individuos enfrentan acusaciones de espionaje para China. El fiscal general, Todd Blanche, declaró: «El anuncio de hoy marca el mayor esfuerzo de desnaturalización en la historia moderna. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia continuará utilizando este proceso para proteger al pueblo estadounidense». Los fiscales argumentan que los acusados ocultaron actos criminales previos durante el proceso de solicitud.

Históricamente, la desnaturalización en EE. UU. se ha invocado con moderación, principalmente contra criminales de guerra o casos de fraude grave tras la Segunda Guerra Mundial. Bajo la ley federal, los fiscales deben demostrar que el individuo ocultó deliberadamente un hecho material que habría impedido legalmente la ciudadanía. Este resurgimiento sigue a las promesas de la administración de ejecutar campañas de inmigración más estrictas.

Organizaciones de derechos humanos han criticado duramente el uso ampliado de la desnaturalización, advirtiendo que podría dejar a personas apátridas y convertir la aplicación de la ley de inmigración en un arma contra opositores políticos. Las preocupaciones se han profundizado tras amenazas políticas previas contra figuras naturalizadas. Simultáneamente, la Casa Blanca continúa maniobras legales contra la ciudadanía por nacimiento mediante órdenes ejecutivas.