Demanda por agresión sexual en Cornell reaviva el debate sobre las leyes de intoxicación voluntaria en EE. UU.

Una demanda civil que alega que miembros de una fraternidad en la Universidad de Cornell drogaron y violaron en grupo a una estudiante ha encendido un intenso debate legal en Estados Unidos sobre el consentimiento y la intoxicación. La demandante, conocida como Jane Doe, afirma que fue presionada para consumir ketamina y alcohol en 2024 antes de que hombres anunciaran un encuentro sexual "gratuito" con ella en un chat grupal. El caso ha puesto el foco en lo que los críticos llaman la "laguna de la intoxicación voluntaria", donde los estatutos penales estatales no consideran automáticamente a las personas intoxicadas voluntariamente incapaces de otorgar consentimiento legal.

Bajo la ley actual de Nueva York, las víctimas deben probar que estaban incapacitadas hasta el punto de estar inconscientes o físicamente imposibilitadas para comunicar su negativa. El exfiscal Mitchell Epner señaló que al menos 19 estados mantienen umbrales probatorios tan altos, lo que a menudo lleva a los fiscales a desestimar cargos. Epner aboga por estándares más bajos, mientras que el exfiscal Dan Schorr advierte que definir umbrales exactos de deterioro sigue siendo complejo.

La gobernadora Kathy Hochul ha prometido acción legislativa, declarando que la intoxicación voluntaria no es una licencia para la agresión sexual. La senadora estatal Lea Webb trabaja para cerrar esta brecha legal. Mientras Cornell aplica un estándar de "consentimiento afirmativo", los tribunales penales operan bajo requisitos estatutarios mucho más estrechos, donde las reformas se han estancado.

La oposición persiste entre las organizaciones de defensa penal, que advierten que bajar los umbrales podría introducir una ambigüedad inconstitucional en el código penal. La Asociación de Abogados de Defensa Penal de Nueva York sostiene que la terminología propuesta sobre la "incapacidad temporal para evaluar o controlar" la conducta es demasiado vaga. Mientras los legisladores intentan avanzar en las reformas, la batalla legal en Nueva York destaca un movimiento nacional que reevalúa la responsabilidad penal en agresiones facilitadas por sustancias.