Juez federal ordena a la administración Trump detener campaña publicitaria política financiada con impuestos

La jueza federal Jennifer L. Rochon emitió una orden de restricción temporal que obliga a la administración Trump a cesar la emisión de anuncios televisivos financiados con dinero público. El fallo responde a una demanda de la organización Common Cause, que argumenta que la campaña de 20 millones de dólares del Departamento de Seguridad Nacional constituye un uso ilegal de fondos públicos para fines políticos.

La controversia gira en torno a un contrato de 20 millones de dólares con la agencia LMD, originalmente destinado a la seguridad fronteriza. La organización Democracy Forward calificó la decisión como una victoria contra el uso de recursos gubernamentales para influir en resultados electorales. Los críticos sostienen que los anuncios violan leyes federales que prohíben el uso de fondos públicos para "propaganda".

El asunto generó críticas bipartidistas, incluyendo a los senadores John Thune y John Kennedy, quienes condenaron el uso de dinero público para promoción política. Los anuncios, que glorificaban a Trump, también enfrentaron problemas legales por el uso no autorizado de música del artista JMSN.

Aunque la Casa Blanca defendió inicialmente los anuncios, Trump anunció que financiaría la campaña mediante sus cuentas políticas tras la presión. El Departamento de Justicia argumentó que la orden era innecesaria, pero la batalla legal sobre el reembolso de los 20 millones de dólares ya gastados continúa.