Un alto cargo de USAID ejerció autoridad sin registro formal de empleo

WASHINGTON, 27 oct (OPA) — Jeremy Lewin, exbanquero de inversión y graduado en Derecho por Harvard, tomó las riendas de USAID el 18 de marzo de 2025. En un periodo de tres semanas que concluyó el 4 de abril, ordenó el despido de miles de trabajadores y la liquidación de 60 misiones en el extranjero. Correos electrónicos internos revelan que, durante este tiempo, los departamentos de recursos humanos y seguridad de la agencia carecían de registros sobre su contratación, lo que impidió la emisión de su identificación oficial o el acceso a los sistemas informáticos.

A pesar de su cargo como administrador adjunto de políticas y programación, Lewin no completó el formulario obligatorio de verificación de antecedentes federales OF-306. Funcionarios de recursos humanos señalaron a finales de marzo que la agencia no podía formalizar legalmente su nombramiento sin dicha documentación. Lewin sostiene que era un empleado gubernamental regular con una autorización de seguridad válida del Departamento de Estado, afirmando que cualquier confusión sobre su estatus se resolvió al notificar a recursos humanos sobre su doble nombramiento.

Expertos legales y antiguos empleados han expresado su preocupación por la falta de supervisión en estos nombramientos. Don Moynihan, profesor de políticas públicas en la Universidad de Michigan, advirtió que la ausencia de procesos de confirmación estándar para individuos que toman decisiones críticas genera riesgos sustanciales de rendición de cuentas. La situación es un punto central en el litigio en curso «J. Doe 4 v. U.S. DOGE Service», que cuestiona la legalidad de los recortes de personal y la reestructuración de la agencia bajo la administración actual.

Aunque Lewin presentó documentación fechada el 18 de marzo de 2025, incluido un acta de nombramiento firmada por Rubio, los ejecutivos de recursos humanos informaron que no recibieron estos documentos hasta finales de abril. Mientras continúan las batallas legales, el caso subraya la tensión entre los mandatos de eficiencia de la administración y los protocolos de contratación federal establecidos. El Departamento de Estado no ha ofrecido aclaraciones adicionales sobre los documentos de nombramiento específicos ni sobre los procedimientos administrativos seguidos durante la transición.