La ley policial de Trinidad y Tobago genera protestas por amenazas a la libertad de prensa

Periodistas y defensores de los derechos humanos en Trinidad y Tobago instan a realizar revisiones inmediatas a una nueva ley que otorga a las fuerzas del orden amplios poderes de registro e incautación. Aprobado el 24 de septiembre, el proyecto de ley de operaciones especiales de 2026 está diseñado para frenar la delincuencia y los homicidios. Sin embargo, los profesionales de los medios advierten que la legislación carece de salvaguardas vitales para los reporteros, exponiendo dispositivos digitales, cuadernos y fuentes confidenciales a confiscaciones policiales injustificadas.

La Asociación de Medios de Trinidad y Tobago (MATT) ha exigido a los legisladores que modifiquen la Cláusula 15, que restringe las incautaciones de herramientas para un comercio lícito pero omite protecciones explícitas para el periodismo. Prior Beharry, presidente de MATT, advirtió que la ausencia de protecciones explícitas pone en peligro la información confidencial. El reportero independiente Pearce Robinson se hizo eco de estos temores, afirmando que la incautación de material periodístico sin protección plantea graves preocupaciones constitucionales.

El debate legislativo se produce en medio de un declive más amplio de las libertades de los medios en la nación caribeña. Trinidad y Tobago cayó 13 puestos hasta el lugar 32 en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras de 2025. El país ha pasado más de un año bajo un estado de emergencia extendido que elude los límites constitucionales habituales.

Organizaciones internacionales y figuras políticas han intensificado las críticas a la medida. Pedro Cárdenas, del grupo de derechos humanos Artículo 19, destacó que el proyecto permite a los oficiales incautar cualquier artículo de "valor sustancial", un estándar que describió como peligrosamente vago y contrario a las leyes internacionales de derechos humanos. El ex primer ministro Stuart Young condenó el acto como inconstitucional, mientras que la oficina del actual primer ministro no ha respondido a las solicitudes de comentarios.